ACOPAR/ octubre 29, 2018/ Noticias/ 0 comments

Artículo de Carmen Alemany Panadero.

Vivir en un hogar donde se viven situaciones altamente conflictivas puede ser muy perjudicial para los hijos. Las tensiones diarias, la agresividad verbal o las amenazas, causan un importante daño a los menores. Muchos de estos matrimonios terminan en divorcio. Sin embargo, en ocasiones el divorcio no supone el fin de la conflictividad. En algunos casos, ésta se agrava y cronifica, y los menores se encuentran atrapados entre dos frentes.

Los datos de divorcio correspondientes al año 2017 según el INE, muestran que la duración media de los matrimonios en España es de 16 años. Se separan unas 61 parejas por cada 100 matrimonios, según el CGPJ. La tasa de divorcio española es la quinta de la UE. Estas cifras muestran que estamos ante una situación que afecta a muchas personas, y que es imprescindible gestionar de forma correcta para evitar daños a los hijos/as.

El proceso de divorcio genera muchas emociones en la pareja. Dolor, miedo, resentimiento, ira, rencor, alivio, liberación, nostalgia, tristeza, esperanza y otras emociones pueden teñir el proceso de ruptura. Las tensiones y conflictos son frecuentes mientras se determina el modelo de custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda u otros aspectos jurídicos y económicos del divorcio. En muchos casos se rebaja la tensión con el transcurso del tiempo. Pero algunas parejas no logran alcanzar esa estabilidad. Desgraciadamente, algunas parejas rotas frecuentan los juzgados en un litigio eterno. Batallas judiciales eternas, hostilidad, muestras de desprecio, violencia verbal, palabras de amargura, odio o rencor hacia su ex pareja delante de los hijos/as, son un ejemplo de lo que afrontan muchos menores a diario.

Las consecuencias para los hijos
Diversos autores han estudiado los efectos de un divorcio conflictivo en los niños/as. El estrés de los padres puede dar lugar a un trato más brusco u hostil hacia los hijos o a pautas educativas erráticas. Se ha registrado cierta tendencia al distanciamiento del progenitor no custodio (Grych, 2005). La disciplina puede ser más inconsistente por diferencias de criterio entre los padres (Johnston, 1994). Algunos progenitores pueden tratar de formar alianzas con su hijo en contra del otro progenitor (Buchanan et al, 1991).

Todo ello puede causar en los niños/as problemas emocionales, sentimientos de culpa o ansiedad, conflictos de lealtades y problemas de conducta. Amato y Keith (1991) recogen consecuencias negativas en el rendimiento académico, la adaptación psicológica, la conducta, la autoestima y las relaciones sociales. Ellis (2000) destaca la agresividad, la baja autoestima, y los problemas de conducta. Varios autores hacen referencia a sentimientos de culpa en los niños si las disputas están relacionadas con ellos, y a sentimientos de abandono cuando un progenitor deja el hogar. La psicóloga Carolina Raheb señala que el 30% de los adolescentes de padres divorciados han recibido psicoterapia, frente al 10% de los que provienen de familias no separadas. También señala que en el servicio de psiquiatría para adolescentes más del 75% de los pacientes provienen de uniones rotas.

Recursos para reducir la conflictividad
La mayoría de los divorcios altamente conflictivos se dirimen en los juzgados, en ocasiones en batallas judiciales interminables. Un divorcio contencioso es más complejo jurídica y emocionalmente. Para reducir las consecuencias negativas y lograr un divorcio menos doloroso para todos, existen recursos y programas que apoyan a las familias en este proceso.

  • Programas de orientación familiar: En algunos municipios existen programas de orientación, donde informan a los padres sobre las consecuencias del conflicto en los hijos, posibles consecuencias emocionales y conductuales y formas de afrontar su divorcio de forma sana. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un nuevo centro de intervención parental que dispone de servicio de coordinación parental, punto de encuentro familiar, orientación psicosocial e intervención grupal preventiva. También se puede acudir a los Centros de Apoyo a la Familia (CAF), donde se realiza una intervención interdisciplinar, y se proporciona orientación psicológica, jurídica y social. En otros municipios como Barcelona, Valencia, Albacete, Bilbao, San Sebastián o Burgos, existen servicios similares, y algunas comunidades lo ofrecen a nivel autonómico, como Aragón o La Rioja.
  • Programas de mediación: En este tipo de programas, las parejas solicitan o aceptan la intervención de una tercera persona neutral. Se trata de un proceso voluntario y extrajudicial. Esta figura facilita el diálogo, la comunicación, permite poner sobre la mesa de forma civilizada aquellos aspectos que les preocupan de su separación, reduce el coste emocional y económico del divorcio y facilita la adopción de acuerdos y la reducción de la crispación. La mediación permite alcanzar acuerdos en un 70% de los casos, según Carlos Abril, mediador de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF). Existen programas de mediación públicos en casi todas las comunidades autónomas, como los ofrecidos por los Centros de Atención a la Familia (CAF) en Madrid y otros ofrecidos por organizaciones no lucrativas, como ATYME.
  • Programas de Coordinación Parental: Actualmente están surgiendo programas piloto en algunas autonomías españolas. Estos programas surgieron en Estados Unidos en 2003, para reducir las consecuencias de los divorcios altamente conflictivos en los hijos/as. El coordinador parental trabaja en aquellos casos en los que ha fallado la mediación, y puede venir impuesto por resolución judicial. Este profesional realiza un proceso educativo, de mediación y resolución de conflictos, trabaja con los padres un plan de coparentalidad adecuado, y supervisa el cumplimiento de las obligaciones parentales y de la sentencia judicial. El coordinador parental informará, en su caso, al juez sobre aspectos incumplidos o no resueltos. La coordinación parental reduce la conflictividad, el estrés, previene incumplimientos de los acuerdos o sentencias, y mejora la situación emocional de los hijos e hijas. Actualmente se pueden encontrar programas piloto en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Baleares, y se está valorando su implantación en otras comunidades.
  • Puntos de Encuentro Familiar: Son espacios físicos para permitir el encuentro de los menores con sus padres en los casos que el juez determine. Suele tratarse de casos que requieren entrega y recogida supervisadas de los menores o bien visitas supervisadas, para prevenir situaciones de riesgo. Los servicios técnicos de los Puntos de Encuentro también ofrecen orientación familiar para promover la reducción del conflicto y la cooperación parental. El primer Punto de Encuentro Familiar de España fue creado por la Asociación para la Protección del Menor (APROME), en 1994.
  • Programas terapéuticos: Algunos centros de orientación familiar como los CAF de Madrid, el servicio de intervención familiar del Ayuntamiento de Albacete o los programas de la Conselleria de Familia en Baleares disponen de servicios de carácter terapéutico, con atención psicológica en casos de ruptura familiar. También existen asociaciones que ofrecen apoyo psicológico a familias en proceso de divorcio o que están viviendo una ruptura traumática, como la asociación Filio en Málaga, Amapase en Álava o la Fundación Filia en Madrid (la atención psicológica en las asociaciones suele tener coste económico, no así la de servicios públicos).

El dilema de la custodia compartida. ¿Sí o no?
Numerosas asociaciones de padres separados claman por la custodia compartida, alegando el derecho de los menores a crecer con su padre y su madre. Por otro lado, algunas entidades alertan de que no siempre es lo mejor para el menor, alegando los traslados constantes, las dificultades logísticas si viven lejos, los casos de gran conflictividad que dificultan la coordinación entre los padres, o los casos en que hay sospechas fundadas de violencia de género o de violencia contra los menores. En este sentido, es necesario hacer una serie de reflexiones.

  • La custodia compartida requiere unas condiciones mínimas para ser viable: una relación civilizada entre los progenitores, que no exista violencia de género o violencia hacia los menores, residir a una distancia razonable que permita acudir al colegio desde ambas viviendas, o que ambos padres dispongan de horarios que permitan estar con sus hijos.
  • La custodia compartida debe ser genuinamente deseada por ambos progenitores, para pasar tiempo con sus hijos, y no esconder otros intereses, como evitar el pago de una pensión o la atribución de la vivienda familiar a un progenitor.
  • En los casos de divorcio altamente conflictivo, la custodia compartida no suele ser posible, debido a las dificultades de los padres para la cooperación y alcanzar acuerdos por el bien de sus hijos.
  • Cuando un progenitor tiene unos horarios laborales imposibles o si los progenitores residen en lugares muy distantes geográficamente, nos encontramos con dificultades logísticas y en algunos casos con “falsas custodias compartidas” (en las que solo existe la custodia compartida sobre el papel, pero los hijos son cuidados de facto por un solo progenitor).
  • A la hora de decidir el mejor modelo de custodia, es preciso valorar el interés superior del menor, por encima de los intereses de los padres.
  • Los sistemas que permiten un amplio contacto con ambos progenitores, suelen ser beneficiosos para el menor. Pero estos sistemas también generan un aumento de los conflictos, y ese aumento de la conflictividad entraña perjuicios para el menor (Fabricius y Luecken, 2007). Aún no hay estudios claros sobre la interacción de ambos factores.
  • La custodia compartida puede ser una buena alternativa en algunos casos, pero siempre hay que evaluar cada caso individualmente. Lo que es positivo en unos casos puede no serlo en otros.

En todo caso, cuando el amor se acaba y la pareja se rompe, es necesario promover una cultura del “buen divorcio”. La información y sensibilización sobre esta cuestión debe extenderse a toda la sociedad. Ya desde antes de la separación, las parejas deben conocer las ventajas de aprender a gestionar los conflictos de forma sana y deben existir programas de orientación y terapia de pareja para trabajar las situaciones de crisis antes de que se generen dinámicas nocivas. Si finalmente, estalla la chispa de la ruptura, es fundamental ofrecer servicios de orientación familiar adecuados y programas de mediación para tratar de alcanzar acuerdos y evitar la judicialización. Cuando pese a todo, la pareja alcanza un alto grado de conflictividad y la tensión escala, los programas de coordinación parental han alcanzado una gran eficacia en Estados Unidos, y constituyen una apuesta reciente en España para reducir la tensión, facilitar el acuerdo o el cumplimiento de las obligaciones parentales y de la sentencia judicial.

Aprender a “divorciarse bien” es esencial para el bienestar psicológico de los hijos e hijas. Teniendo en cuenta que 6 de cada 10 matrimonios en España termina en divorcio, se trata de un problema social de primer orden, que requiere prevención e intervención.

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