Desde hace unos años Cataluña es pionera en la implementación a través de sus sentencias de esta figura, siendo avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia de 26 de febrero de 2015 que a su vez se reiteró el 12 de febrero de 2017). El Coordinador/a de Parentalidad será consensuado/a por las partes de mutuo acuerdo o designado/a por el juez entre los expertos/as que forman el listado de CoPa del Colegio de Psicólogos/as de Cataluña.

Antes de implantar esta figura, se realiza un recorrido por la legislación autonómica, nacional e internacional del TSJ de Cataluña, llegándose a la conclusión de que no hay obstáculo alguno en la implantación de esta figura. EATAF

Así, existe amparo legal en la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor (estatal), reflejado en el artículo 236-3 del Código Civil de Cataluña, donde se recoge que la autoridad judicial puede disponer la designación de un profesional que intervenga en casos conflictivos con el fin de evitar perjuicios a los hijos menores que se encuentren inmersos en disputas, tensiones, conflicto de lealtades e intransigencias derivadas de la ruptura de sus progenitores.

Por otro lado, el marco jurídico estatal donde encuadrar la figura del coordinador parental se encuentra en toda aquella normativa que recoge el interés superior del menor: la Convención de los Derechos del niño, la Carta Magna, la LO 1/1996 de protección jurídica del menor, etc.

En la actualidad, en la Comunidad Valenciana, el equipo psicosocial de los Juzgados está llevando a cabo la puesta en marcha de esta figura. Manifiesta contar con más de 100 casos de parejas que son altamente conflictivas, cuyos pleitos colapsan la Administración de Justicia. Además, los juzgados de Familia de la Comunidad Valenciana han contado con abogados para participar de manera conjunta en estos casos, trabajando en equipo para evaluar la eficacia, resultados y utilidad de esta nueva figura, pretendiendo así la normalización de las relaciones parentales después o dentro de un conflicto tanto matrimonial como de pareja en la que existen menores que se puedan ver implicados en dicho conflicto. Es en Castellón donde se dictan las primeras sentencias en las que el Magistrado ha requerido la colaboración de un/a CoPa, agilizando de esta manera los tiempos de respuesta a los conflictos.